Prioridad nacional: Ley Integral de Violencia basada en Género

Hay argumentos que ya no podemos sostener, explicaciones que no podemos seguir dando y debates y decisiones que ya no podemos eludir. El 8 de marzo pasado la ciudadanía salió a la calle mostrando claramente donde están las prioridades y la emergencia nacional en términos de violencia de género, en términos de igualdad de género y en términos de un país seguro y justo para nuestras mujeres.

El parlamento tienen en sus manos una posibilidad cierta y concreta de dar una avance sustantivo en la lucha contra la violencia de género. El proyecto de Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género está en manos de nuestros legisladores desde hace un año, días más, días menos.

Este proyecto de ley obviamente no resuelve el problema, ninguna medida por si misma resolverá el problema, pero sin lugar a dudas marca un avance sustantivo en las formas de concebir la violencia de género, en las medidas necesarias para afrontarla y compromete a toda la institucionalidad en esta ardua tarea.

El proyecto de Ley reconoce diversas formas de violencia hacia las mujeres que años atrás ni siquiera podíamos visualizar ni nombrar (violencia obstétrica, violencia mediática, violencia femicida, por señalar algunas, e incorpora la violencia en el noviazgo que actualmente no se reconoce.)

Propone principios rectores que son básicos para el enfrentamiento del problema (autonomía de las mujeres, prioridad de los derechos humanos, igualdad y no discriminación, igualdad de género, integralidad, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, calidad , participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, celeridad y eficacia).

Explicita claramente los derechos de las mujeres víctimas de violencia (respeto, dignidad, intimidad, a no ser discriminada, derecho a recibir información clara, accesible, completa, veraz y oportuna. A que se garantice la confidencialidad, la protección, la atención integral para ella y sus hijos e hijas, a recibir patrocinio jurídico gratuito inmediato y especializado.

Asimismo propone derechos de las mujeres en los procesos administrativos o judiciales y entre distintas e importantísimas propuestas en este ámbito plantea el derecho a contar con mecanismos eficientes y accesibles para denunciar, a ser oída personalmente por el juez o la autoridad competente y que su opinión sea tenida en cuenta.

Establece el derecho a concurrir con un acompañante emocional de su confianza a todas las instancias judiciales, a que su testimonio no sea desvalorizado en base a estereotipos de género, a recibir un trato humanizado, a no ser revictimizada y a no ser confrontada ni ella ni su núcleo familiar con el agresor.

Estos son algunos de los derechos que se prevén en el proyecto de Ley integral, vale la pena leerlo en su totalidad.

El proyecto de Ley también establece lineamientos para las políticas educativas, de salud, laborales y de seguridad social, de seguridad, de defensa nacional, de comunicación, de infancia y adolescencia, políticas para adultas mayores y sobre discapacidad. Estos lineamientos de políticas públicas son imprescindibles para promover y encaminar los cambios culturales a mediano y largo plazo.

También propone el establecimiento de una red de servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género (servicios de atención psicosocial y jurídicos, servicios de atención a varones, equipos móviles que posibiliten el acceso de las mujeres de medios rurales o con dificultades de desplazamiento, respuesta en salud integral y especializada, respuestas habitacionales diversas.

Otro aspecto fundamental que establece el proyecto de Ley es un cambio en los procesos de protección e investigación y penalización.

Propone crear Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual que actuarán en los procesos de protección, en procesos relativos a divorcios, pensiones alimenticias, tenencias y visitas, suspensiones, limitaciones o pérdidas de la patria potestad y procesos penales derivados de la violencia basada en género, doméstica o sexual.

Un único juez actuando en todas las dimensiones o casi todas las que abarca una situación de violencia. Este es un cambio muy importante y fundamental para mejorar el acceso a la justicia y la restitución y garantía de derechos de las mujeres niñas, niños y adolescentes.

Se prohíbe la disposición de medidas recíprocas o a cargo de las víctimas o que restrinjan sus derechos. Es frecuente leer resoluciones donde los jueces recomiendan a la víctima y al agresor “mantener una convivencia pacífica” o instan a las partes “a no generar conflictos”. Medidas por demás aberrantes, negligentes que responsabilizan y culpabilizan a las víctimas. Este proyecto de Ley las prohíbe.

También prohíbe terminantemente la mediación y la conciliación y aumenta el plazo de duración mínima de las medidas cautelares a 180 días lo que es por demás razonable en situaciones de tanta complejidad y riesgo.

Otro gran acierto de este proyecto de Ley es plantear que la resolución judicial debe disponer medidas de protección, establecer una pensión alimenticia provisoria, establecer la tenencia provisoria de las hijas e hijos menores de 18 años de edad, que en ningún caso podrán quedar a cargo del agresor.

Dispone la suspensión de las visitas del agresor respecto de las hijas e hijos menores de 18 años de edad y propone que las mismas podrán reanudarse una vez cumplido un periodo mínimo de tres meses sin la reiteración de actos de violencia y habiendo el agresor cumplido las medidas impuestas.

También prevé la pérdida de la patria potestad si el progenitor es condenado por femicidio o intento de femicidio, respecto de la madre de sus hijos y en los casos en que el progenitor es condenado por delitos sexuales.

Plantea que no será válido alegar el presunto Síndrome de Alienación Parental o utilizar argumentos similares para disminuir la credibilidad de la palabra de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres y que el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta.

Otra medida por demás acertada es en casos de violación que tenga como consecuencia el nacimiento de un niño o niña, la madre tendrá derechos a inscribirlo con sus apellidos. No será obligada inscribirlo con el apellido del violador aunque éste lo reconozca o se declare la paternidad judicialmente.
Estas son algunas de las propuestas que este proyecto de Ley plantea.

LAS VOCES DISONANTES

El debate parlamentario enfrenta razones y argumentos que ponen obstáculos y demoras para su votación. Algunos argumentos plantean que la Ley es muy larga y demasiado innovadora lo cual genera las consiguientes y necesarias demoras en su estudio y aprobación. Esto podría salvarse si se dedican más horas a este estudio y si se prioriza el tratamiento de este proyecto de Ley frente a otros.

Algunas voces cuestionan avances que se habían ganado hace 15 años atrás cuando se votó la Ley 17514. A modo de ejemplo, en aquella Ley se prohíbe el careo entre la víctima y el victimario y algunas voces en el parlamento de hoy siguen cuestionando esa medida. Parece absurdo, ignorante o por demás retardatario este cuestionamiento.

Muchos de los cuestionamientos que se hacen al proyecto de Ley integral están sostenidos en concepciones tradicionales, patriarcales que no incorporan los cambios paradigmáticos que exige la normativa de derechos humanos en relación a los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes y de las personas con discapacidad.

Se cuestiona una variedad de medidas que se disponen de forma urgente (por 48 hs.) para garantizar la seguridad de las víctimas y la de sus hijos e hijas en el proceso. Por ejemplo, se cuestiona que:

  • se puedan tomar medidas ante la ausencia de la persona denunciada
  • se fije la tenencia provisoria de los niños, niñas y adolescentes
  • se fije una pensión alimenticia provisoria
  • se prevea la quita de armas
  • se tomen medidas de protección para los hijos e hijas de la mujer agredida, suspendiendo todo contacto con el agresor

 

Otros cuestionamientos que se hacen son:
  • Se cuestiona que se pida el consentimiento informado a los niños, niñas y adolescentes previo a la realización de exámenes físicos en el ámbito judicial. El argumento que se esgrime es que los menores son incapaces de dar este consentimiento. Este es un argumento basado en la ideología tutelar pre – Convención de los Derechos del Niño, que no los reconocía como sujetos de derecho.

 

  • Se cuestiona la prohibición de utilización del falso síndrome de alienación parental (SAP) a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y las asociaciones médicas psiquiátricas sostienen en forma unánime que este supuesto síndrome carece de validez científica.

 

  • Se cuestiona la revocación de la patria potestad por delitos sexuales. Los argumentos increíbles que se plantean son que no habría evidencia científica acerca de que un abusador sexual o violador serial no pueda desempeñar adecuadamente su función paterna de cuidado, acompañamiento y protección.

 

Estos cuestionamientos denotan preocupación excesiva por los derechos de los presuntos agresores en detrimento de la seguridad y las garantías para las víctimas de las situaciones de violencia de género así como para sus hijos e hijas. Es sorprendente y por demás preocupante que se siga argumentando desde una ideología perimida que desconoce los cambios de paradigma en la defensa de los derechos humanos en especial los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Hace 10 años empezamos a estudiar algunas de las propuestas que están plasmadas en este proyecto de Ley, no son ninguna novedad para quienes venimos comprometidas con esta lucha.

Este proyecto de Ley es una síntesis de años de trabajo, de años de darnos la cabeza contra la pared, de años de fracasos del sistema, de años de mujeres asesinadas, dañadas, perseguidas, sometidas. De años de lucha para que los niños, niñas y adolescentes sean oídos en los juzgados, que su palabra tuviera credibilidad, de solicitar protección frente a la duda.

Este proyecto de Ley es el punto de llegada de muchas organizaciones e instituciones públicas y privadas que vienen en un trabajo sostenido y comprometido, que tienen una sapiencia, experiencia y mucho barro en sus zapatos acompañando víctimas a lo largo y a lo ancho del país.

Este proyecto de Ley y cada uno de sus artículos (que son más de 100) proponen medidas y formas de proceder ante este problema que son exactamente las que necesitamos en este momento en nuestro país. No podemos retroceder ni un milímetro de lo que este proyecto de Ley propone.

Cada una de sus apuestas son los saltos que tenemos que dar para profundizar y mejorar las políticas de enfrentamiento de la violencia de género.

Vamos al menos 7 femicidios en lo que va del año (hay casos aun por aclarar) y hay casos de intentos de homicidio que no llegaron a la muerte pero estuvieron cerca.

Necesitamos tener la Ley integral antes de que se produzca el próximo.

El tiempo nos juega en contra, hay que redoblar los esfuerzos y acelerar el trabajo. Ya es hora.

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