De segunda

La Diaria, 28 de febrero

Mag. Andrea Tuana

Imagine que usted tuviera que realizarse una cirugía cardíaca. Supongo que querría ser atendido por un especialista en la materia. Dudo que aceptara ser operado por un médico general, por más buena voluntad que el profesional quiera poner en su caso. Hay razones fundadas que hacen que para tratar ciertas afecciones, patologías y realizar determinadas intervenciones se deba estudiar otra cantidad importante de años una vez culminada la carrera de base. Esta metodología de formación de profesionales y especialistas se aplica regularmente en la educación universitaria.

Es muy curioso y alarmante ver que la temática de la violencia de género, la violencia hacia la infancia y, en especial, la violencia doméstica no están incluidas en la formación de nuestros profesionales del derecho, trabajo social, medicina y psicología, entre otras carreras. No está incluida como materia en la carrera de grado ni existe una oferta de especialización. Sería importante no confundir especialización con cursos de formación o seminarios optativos que apenas duran un semestre.

Muchos profesionales (abogados, jueces, fiscales, psicólogos, médicos y psiquiatras, entre otros) salen a la cancha creyendo que con el título y un poco de sentido común alcanza para intervenir en casos de violencia doméstica. Y el desastre se repite, una y otra vez. Además de sufrir y padecer en carne propia las situaciones de violencia, las víctimas se enfrentan a la revictimización ejercida por profesionales que no saben nada de esta problemática. Que nunca estudiaron, que nunca se formaron y prepararon para abordarla.

Ejemplos sobran

Desde la jueza que deja a dos niños en custodia de sus abuelos paternos, la misma noche en que el padre mata a la madre de un balazo en la cabeza frente a ellos, y cree que su intervención es adecuada.

El psiquiatra de puerta que le dice a la adolescente de 14 años que ingresa por abuso sexual: “¿Estás segura de que es verdad? Mirá que si mentís vas presa”.

El psicólogo que no cree que exista abuso sexual (como si se tratara de una cuestión de fe) y hace intervenciones familiares sentando frente a frente al padre abusador y a la niña abusada, intentando generar una revinculación y una reconciliación entre ambos, diciéndole a la niña: “Es tu padre, él te quiere, tenés que darle una oportunidad”.

El equipo de salud (médico, trabajador social, psicólogo, psiquiatra) que no hace la denuncia porque entiende que es responsabilidad de la madre, padre o tutor, y se “desentiende del asunto”.

Los jueces, juezas y fiscales que sospechan de cada denuncia de abuso sexual invocando un falso síndrome de alienación parental.

La trabajadora social que “despacha” el caso porque al día siguiente es fin de semana y no tiene ganas de complicarse.

La psicóloga que nunca detectó un caso de violencia porque no quiere meterse en un lío.

La jueza que resuelve sobre la vida de las víctimas con un simple llamado telefónico y recomienda a la víctima de violencia y al agresor “mantener una convivencia pacífica”.

La fiscal que le dice a la adolescente abusada sexualmente por su padre: “¿Y vos querés que tu padre vaya preso?”.

Los ejemplos de prácticas aberrantes pueden seguir en una lista interminable. También podemos hacer una larga lista de prácticas adecuadas, de prácticas comprometidas, de prácticas de diversos profesionales de la salud, de la educación, de la Policía, del sistema de Justicia, entre otras, que son ejemplares.

El problema que quiero señalar es que nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes no pueden quedar a merced de que su situación sea atendida por un profesional formado o un profesional que nada sabe de este tema. Siempre habrá profesionales que hacen las cosas mal, a los que no les interesan la gente y sus problemas, o que tienen problemas personales que afectan su función severamente; el asunto es qué hace el sistema con ellos.

El problema aquí es que el sistema no forma ni especializa a los profesionales en estos temas; ese es el primer y gravísimo problema, que ya es intolerable e insostenible.

El segundo gran problema es la falta de supervisión y sanción de las prácticas aberrantes. Un ejemplo claro es el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que archiva la investigación administrativa de la actuación aberrante de la jueza Alicia Vega. El informe de la jueza investigadora es lapidario en relación con la actuación de la jueza; uno de los ministros de la SCJ, que tiene una larga trayectoria y formación en estos temas también es lapidario con la actuación de la jueza. Sin embargo, los demás ministros archivan el caso y no la sancionan. Casualmente, son ministros que no tienen ninguna formación, trayectoria ni compromiso -al menos explícito- con estas temáticas.

El tercer problema es el lugar de relevancia social que tiene este problema. Es un lugar de segunda, o quizá de cuarta. Desde las condiciones laborales que muchos profesionales tienen -y en esos términos deben ejercer su función-, la infraestructura donde lo hacen, las remuneraciones que perciben, la exposición y riesgos que muchas veces se corren al denunciar a personas violentas, entre otras cosas.

Si realmente queremos, como país, hacer frente a estos problemas, tenemos que formar y especializar a nuestros profesionales, tenemos que supervisar y sancionar las prácticas negligentes y tenemos que jerarquizar estas intervenciones dotándolas de los recursos necesarios, además de establecer un sistema de garantía y protección cuando los profesionales tienen que denunciar y testificar contra personas extremadamente violentas y peligrosas.

La desprotección de las víctimas en sus hogares es enorme, pero la desprotección y revictimización del sistema de respuestas es intolerable.

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